Cosas que encojonan: sin agua en la pluma y con miedo a buscarla en un manantial

Imagínate vivir durante días sin agua en tu casa. Abres la pluma y no sale una sola gota. La cisterna se vacía, si es que tienes una, y el Gobierno no puede decirte con certeza cuándo regresará el servicio.

Entonces recuerdas que cerca de tu comunidad existe un manantial que los vecinos han utilizado durante generaciones. Agarras varios envases y vas buscando agua para bañarte, cocinar o poder bajar el inodoro.

Pero ahora también tienes que preguntarte: ¿me pueden multar por hacer esto?

Esa es la frustración que viven varias comunidades en Puerto Rico mientras continúa el racionamiento. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ha recordado que extraer agua de pozos, quebradas o manantiales sin los permisos o franquicias correspondientes puede conllevar multas.

Aclaremos algo: esta ley no nació ayer.

Desde 1976, las aguas superficiales y subterráneas de Puerto Rico son consideradas propiedad y riqueza del pueblo. Eso tiene una razón válida: proteger un recurso esencial, impedir que alguien se apropie de una fuente completa y evitar que empresas o individuos extraigan agua indiscriminadamente hasta secar o contaminar un acuífero.

Hasta ahí, se entiende.

Lo que no se entiende es que el Gobierno pretenda aplicar la misma vara a una compañía que extrae miles de galones para lucrarse y a una familia que solamente quiere llenar varios envases porque lleva días sin recibir agua en su hogar.

No es lo mismo buscar agua para sobrevivir que instalar bombas industriales, perforar un pozo ilegal, alterar el cauce de una quebrada o vender agua sin autorización.

La propia Ley de Aguas establece que el consumo doméstico —y particularmente el consumo humano— debe tener prioridad sobre cualquier otro uso. También permite que el secretario del DRNA alivie trámites administrativos y pagos cuando se trata de cantidades pequeñas para necesidades domésticas o agrícolas.

Entonces, ¿por qué en medio de una emergencia el ciudadano recibe primero una advertencia y no una solución?

Si el Gobierno sabe que las comunidades están recurriendo a manantiales, debería inspeccionarlos, analizar la calidad del agua, identificar cuáles pueden utilizarse de manera segura y establecer autorizaciones temporeras sencillas. También debería explicar claramente cuánto puede recogerse, para qué usos y bajo qué condiciones.

Lo responsable no es dejar a la gente con miedo ni permitir que beba agua sin saber si está contaminada. Tampoco es tratar como delincuente ambiental al ciudadano que intenta resolver una necesidad que el propio sistema no ha podido atender.

Fiscalicen con fuerza a quienes perforan pozos clandestinos, extraen cantidades industriales, venden agua ilegalmente o ponen en peligro los acuíferos. Pero no confundan eso con una familia buscando varios galones para sobrevivir al próximo turno de 48 horas sin servicio.

Y sí, proteger el agua es necesario. Pero protegerla ‘para el pueblo’ pierde todo sentido cuando el pueblo no puede recibirla por la pluma ni buscarla responsablemente en una fuente natural.

Ahí es donde uno se encojona.

Porque el ciudadano paga la factura, compra la cisterna, carga los envases, soporta el racionamiento y todavía tiene que preocuparse por una posible multa.

Puerto Rico no necesita menos protección ambiental. Necesita reglas sensatas, trámites rápidos y un Gobierno capaz de distinguir entre abuso y necesidad.

¿Conoces alguna comunidad que dependa de un pozo o manantial? Cuéntanos cómo están enfrentando esta crisis.

— Iván Soto
Planeta Boricua 🇵🇷
Más Boricua que un Mofongo