Contrato energético de hasta $5,800 millones queda bajo investigación por firma presuntamente no autorizada

Un contrato para instalar 400 megavatios de generación temporera en Puerto Rico enfrenta cuestionamientos que no pueden despacharse como un simple error administrativo.

ERock, anteriormente conocida como Enchanted Rock, informó que nunca formó parte del proyecto y alegó que su nombre y firma fueron utilizados sin autorización durante la contratación.

La participación de esa empresa fue importante para que el consorcio aparentara tener la experiencia técnica y capacidad financiera necesarias. Las otras empresas, Power Expectations y Reyes Contractor, habían levantado dudas por su limitada experiencia en proyectos de esta magnitud.

La Junta de Supervisión Fiscal calificó la alegación como sumamente preocupante. Ahora evalúa revocar la aprobación del contrato y referir el asunto a las autoridades correspondientes para determinar si hubo representaciones falsas durante el proceso.

El Gobierno asegura que investiga desde junio y sostiene que recibió documentos que supuestamente autorizaban la firma. Sin embargo, esa versión todavía está bajo investigación y ERock mantiene que no concedió dicha autorización.

También existen otros señalamientos: no se había entregado la fianza de cumplimiento requerida, estimada en aproximadamente $1,180 millones; a 57 días de comenzar el término contractual no se habían completado los primeros hitos; Power Expectations solicitó una extensión del calendario; y la sustitución de una de las compañías tampoco habría recibido previamente la aprobación de la Junta.

El valor de hasta $5,800 millones representa el máximo potencial si los 400 megavatios operaran a capacidad completa durante los diez años del acuerdo. El Gobierno afirma que no se ha desembolsado dinero y que solamente se pagaría por la energía producida y utilizada.

Pero el problema continúa siendo enorme: ¿cómo llegó un contrato de esta magnitud tan lejos sin que existiera certeza absoluta sobre quién participaba y quién estaba autorizado a firmar?

Puerto Rico exige fondos, autonomía y confianza del Gobierno federal. Esa credibilidad no se reclama con discursos; se demuestra con controles rigurosos, transparencia y consecuencias cuando algo no cuadra.

Aquí no corresponde adelantar culpables. Sí corresponde investigar hasta las últimas consecuencias y explicar públicamente quién verificó los documentos, quién autorizó el contrato y quién falló en proteger el interés del pueblo.